Creo profundamente en los derechos. Una sociedad avanzada debe garantizar a las personas una vida digna, una sanidad de calidad, una educación que permita progresar con independencia del lugar en el que uno haya nacido, un trabajo digno, la posibilidad real de acceder a una vivienda y la protección de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Todo eso me parece innegociable.

Pero con igual rotundidad, defiendo algo de lo que últimamente hablamos bastante menos: las obligaciones. No existe una sociedad sostenible construida únicamente sobre derechos. Todo derecho que disfrutamos existe porque alguien, de una manera u otra, asume una obligación, trabaja, paga impuestos, cumple unas normas, produce, arriesga, se esfuerza y, además, lo hace respetando el derecho de quien tiene al lado.

Es cuando esa segunda parte de la ecuación desaparece del discurso colectivo cuando los derechos corren el riesgo de convertirse en una especie de patente de corso: tenemos derecho a todo, pero aparentemente obligación de muy poco. Es fácil de entender, hasta en las cabezas más duras que lamentablemente existen a nuestro alrededor, que una sociedad construida sobre ese desequilibrio, sencillamente, no funciona.

Pensaba precisamente en todo esto viendo lo sucedido en España el pasado 11 de noviembre.

El derecho de huelga me parece tan incuestionable como cualquiera de los anteriores. Y no lo digo por cumplir con una fórmula políticamente correcta. La huelga ha sido una de las herramientas fundamentales mediante las cuales los trabajadores conquistaron, conquistamos, porque yo también soy trabajador, muchos de los derechos laborales que hoy consideramos normales y que, sin embargo, costaron décadas de lucha conseguir.

De hecho, la huelga ni siquiera es un invento moderno. Hacia el año 1156 antes de Cristo, durante el reinado de Ramsés III, los trabajadores de Deir el-Medina, encargados de construir las tumbas reales egipcias, dejaron sus herramientas y se negaron a continuar trabajando porque llevaban días sin recibir sus salarios, que entonces se abonaban fundamentalmente mediante alimentos y provisiones. Está considerada probablemente como la primera huelga documentada de la historia.

Aquellos trabajadores no conocían a Marx, no sabían qué significaban la izquierda o la derecha y ni siquiera podían imaginar lo que miles de años después llamaríamos un sindicato. Su problema era bastante más elemental: habían trabajado, no habían cobrado y decidieron parar.

Siglos después, con la Revolución Industrial, las huelgas y posteriormente los sindicatos se convertirían en instrumentos fundamentales para equilibrar unas relaciones laborales profundamente desiguales. Trabajadores sometidos a jornadas interminables, salarios miserables y condiciones que hoy nos resultarían intolerables comenzaron a organizarse, a manifestarse y a reclamar derechos. Muchos de ellos lo hicieron arriesgando literalmente su libertad, su trabajo y el sustento de sus familias.

Precisamente por esa historia creo que una huelga es algo demasiado importante como para banalizarla o convertirla en una herramienta más de la batalla política cotidiana, y eso es lo que me inquietó profundamente de lo ocurrido este 11-N.

España vivió una huelga general extraordinariamente atípica. Tan atípica que María Jesús Montero (PSOE) llegó a señalar semanas antes que estábamos ante una situación «inédita» porque, según sus propias palabras, la huelga se convocaba «contra la oposición». El propio Gobierno mostró públicamente su respaldo a buena parte de las reivindicaciones y prácticamente vació su agenda institucional durante aquella jornada. Todo ello, además, a apenas dieciocho días de unas elecciones generales.

No seré yo quien niegue que España tiene un enorme problema de vivienda, porque lo tiene, y ya hemos hablado en esta columna de opinión de ello, ni tampoco voy a negar que muchas familias están sufriendo una pérdida real de poder adquisitivo o que para muchos jóvenes independizarse se ha convertido prácticamente en una quimera. Son problemas serios, estructurales y que exigen respuestas políticas igualmente serias.

Precisamente por su importancia creo que merecen algo más que convertirse en munición electoral. Una huelga general no debería ser una herramienta de campaña ni un elemento más de la estrategia partidista de unos contra otros.

La patronal CEOE cifró el seguimiento del 11-N en torno al 5%. Los sindicatos ofrecieron cifras muy superiores en determinados sectores y territorios y, a la hora de escribir estas líneas, no existe todavía un dato oficial nacional que permita cerrar definitivamente esa discusión. Más allá de la inevitable batalla de porcentajes que acompaña siempre a una huelga, resulta difícil negar que la movilización tuvo mucha más presencia en las calles que en los centros de trabajo, y esto debería invitarnos a reflexionar.

Gastar una herramienta tan poderosa y tan cargada de significado histórico como la huelga general en convocatorias que una parte importante de la sociedad puede percibir como partidistas no fortalece nunca a los trabajadores y, en mi opinión, produce exactamente el efecto contrario, pues las instituciones, los símbolos y los instrumentos importantes pierden fuerza cuando se utilizan indiscriminadamente, y con los derechos puede ocurrir exactamente lo mismo.

Cuando la protesta deja de ser un derecho y se convierte en violencia

Pero el episodio más triste llegó después.

La jornada terminó con más de mil incidencias registradas en España, alrededor de un centenar de detenidos y graves altercados, especialmente en Barcelona y Madrid. Escaparates destrozados, establecimientos saqueados, incendios, lanzamiento de objetos y pirotecnia contra las fuerzas de seguridad y decenas de agentes heridos.

Conviene hacer inmediatamente una precisión fundamental: la inmensa mayoría de las personas que se manifestaron lo hicieron pacíficamente. Sería profundamente injusto convertir a miles de ciudadanos que ejercieron legítimamente sus derechos en responsables de los actos violentos protagonizados por grupos minoritarios. Pero precisamente por respeto a esa inmensa mayoría deberíamos ser capaces de condenar la violencia sin matices ni excusas.

Quemar un contenedor no forma parte del derecho de huelga, tampoco reventar el escaparate de un comerciante defiende los derechos de ningún trabajador. Impedir físicamente trabajar a quien libremente ha decidido no secundar una huelga no puede considerarse el ejercicio legítimo de un derecho y lanzar objetos, cócteles molotov o pirotecnia contra un policía difícilmente puede calificarse como la actuación de un «piquete informativo».

Después podremos, y debemos, analizar si una determinada actuación policial fue proporcionada. El Ministerio del Interior ha anunciado que lo hará y me parece correcto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sometidos a la ley y deben responder de sus actuaciones exactamente igual que cualquier ciudadano.

Lo que me preocupa es esa extraña tendencia que tenemos a invertir inmediatamente el sujeto y el predicado, hasta el punto de que en ocasiones parece escandalizarnos más la actuación del policía que intenta restablecer el orden que la conducta del encapuchado que acaba de destrozar un escaparate, incendiar un contenedor o agredir a otra persona.

Derechos y obligaciones: dos caras de una misma sociedad

Y ahí es donde regreso al principio: derechos y obligaciones son dos partes inseparables de una misma realidad.

Tengo derecho a manifestarme y la obligación de respetar a quien decide no hacerlo. Tengo derecho a hacer huelga, pero tengo igualmente la obligación de permitir trabajar a quien libremente decide no secundarla. Tengo derecho a protestar contra la Policía, contra el Gobierno, contra una empresa o contra cualquier institución, pero tengo la obligación de no agredir a nadie.

Del mismo modo, tengo derecho a exigir servicios públicos de calidad, pero también la obligación de contribuir a financiarlos. Derecho a reclamar oportunidades, pero debo asumir también la responsabilidad de esforzarme por aprovecharlas. Tengo derecho a pedir ayuda cuando la necesito, pero no puedo convertir esa ayuda en una renuncia permanente a mi propia responsabilidad.

Una sociedad adulta no puede elegir únicamente una mitad de la ecuación.

Durante décadas hemos construido, con un enorme esfuerzo colectivo, una sociedad que ha ido ampliando derechos y debemos de seguir haciéndolo, sin complejos y sin retroceder, pero quizá ha llegado también el momento de comenzar a hablar con la misma intensidad de la otra columna sobre la que se sostiene cualquier comunidad y no es otra que la responsabilidad individual y colectiva.

Para concluir, una sociedad que solo aprende a exigir terminará olvidando cómo construir. Una sociedad que confunde derechos con privilegios acabará deteriorando precisamente aquellos derechos que pretendía proteger. Y una sociedad que considera que cualquier obligación es una agresión contra su libertad terminará, paradójicamente, siendo menos libre.

Hoy afortunadamente, tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a todo, y, sobre todo, no podemos pretender disfrutar de nuestros derechos sin asumir también los deberes que hacen posible que esos derechos existan.

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