TRIBUNALES

La Justicia tumba las pretensiones del PSOE contra la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS)

Considera que la actuación en relación al servicio temporal que acordó prestar con el Ayuntamiento de Almonte, en espera de la nueva licitación y adjudicación, se ajustó a derecho


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva ha rechazado las pretensiones del alcalde de Bonares contra la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) GIAHSA. La sentencia, fechada el 19 de noviembre, considera que la actuación de la MAS fue ajustada a Derecho y señala dos razones fundamentales para rechazar la impugnación: el Ayuntamiento de Bonares no acreditó correctamente la autorización para acudir a los tribunales y, además, no demostró que la decisión cuestionada afectara directamente a sus intereses.

El origen del conflicto está en el decreto de agosto de 2023 por el que la MAS dio instrucciones a GIAHSA para ejecutar la decisión del Ayuntamiento de Almonte de dejar de gestionar «temporalmente» determinados servicios del ciclo integral del agua en Matalascañas, El Rocío y el polígono de Matalagrana, así como los servicios de alcantarillado y depuración en el núcleo urbano de Almonte. GIAHSA mantendría únicamente el abastecimiento de agua en este último núcleo.

El alcalde de Bonares, y portavoz del PSOE en la MAS, Juan Antonio García, solicitó la revisión de aquel decreto al considerar que podía ser nulo. Argumentaba que, como miembro de la MAS desde su fundación en 2009, tenía derecho a intervenir en el asunto y cuestionaba que los estatutos de la Mancomunidad permitieran una salida parcial de los servicios por parte de un municipio. También reprochaba a la MAS que hubiera rechazado su petición sin ofrecer, a su juicio, suficientes argumentos.

Sin embargo, la magistrada considera que el Ayuntamiento de Bonares no tenía legitimación para impugnar una decisión que se limitaba a ejecutar un acuerdo del Ayuntamiento de Almonte que no había sido recurrido y que era plenamente ejecutivo. A ello añade otro reproche: el alcalde de Bonares autorizó acudir a los tribunales alegando razones de urgencia, pero no justificó suficientemente esa urgencia ni llevó posteriormente la decisión al Pleno municipal para su ratificación, como exige la normativa.

Con estos argumentos, el juzgado ha desestimado el recurso contra la decisión de la MAS de rechazar la revisión de oficio e inadmite el recurso dirigido directamente contra el decreto de 2023 por falta de legitimación del Ayuntamiento.

Antecedentes

Santiago Ponce, director ejecutivo de GIAHSA, explica que Almonte es un municipio singular porque GIAHSA «sólo gestiona el servicio de abastecimiento de agua al núcleo de Almonte, mientras que el de Matalagrana, El Rocío y Matalascañas lo explota Aqualia junto al servicio de saneamiento».

«El 31 de enero de 2022 concluyó el contrato de concesión de Aqualia en estos núcleos. Llegado ese momento, el equipo de Gobierno de Almonte decidió, una vez que finalizado el contrato, encomendar temporalmente a GIAHSA, hasta la nueva licitación y adjudicación, los servicios que venía prestando Aqualia», explica Ponce, antes de añadir: «GIAHSA, como auxilio al Ayuntamiento, acepta prestar ese servicio. Pero, en el mes de mayo se produce un cambio de Gobierno municipal, que decide que el servicio del que hablamos lo vuelva a asumir de nuevo Aqualia, que llevaba haciéndolo 15 años».

Así las cosas, según detalla Ponce, GIAHSA analiza la situación y concluye que «es una competencia municipal». «Si el nuevo equipo de Gobierno de Almonte decide que ese servicio lo debe recuperar Aqualia, pues no tenemos nada que opinar. El presidente firma el decreto en el que acepta la petición del nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Almonte. Y es entonces cuando entra el portavoz del PSOE, que, utilizando al Ayuntamiento de Bonares, recurre ese decreto y lo lleva al Contencioso solicitando que GIAHSA se oponga a la decisión del Ayuntamiento de Almonte», apunta el director ejecutivo de GIAHSA, a la vez que denuncia: «Todo esto forma de una estrategia de acoso y derribo del PSOE para perseguir todo lo que hace GIAHSA, en una continua obsesión por embarrar el trabajo de la Dirección de Giahsa. Sin embargo, todo se le está volviendo en contra porque la Justicia nos va dando la razón y determina que estamos en todo momento actuando con riguroso cumplimiento de la ley”.

Finalmente, Santiago Ponce ha explicado: «A día de hoy no está adjudicado aún el contrato al que será en nuevo concesionario, pero nosotros no podemos interferir en una decisión del Ayuntamiento para prestarle un servicio que fue una encomienda temporal. No estamos legitimados para oponernos a lo que decide el Ayuntamiento».

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