HUELVA

Condenada a casi dos años de prisión una empresaria por asignarse un salario ilegalmente y falsificar cuentas

Según recoge la sentencia, la procesada deberá además indemnizar a la sociedad con 23.000 euros más los intereses legales


La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas que suman un año y once meses de prisión y 4.320 euros de multa a la administradora única de una empresa dedicada a la iluminación de eventos y edificios con sede en un pueblo de Huelva, tras considerarla autora de los delitos de administración desleal, falsedad en documento mercantil y un delito societario por cobrarse un salario no autorizado y manipular las cuentas de la mercantil.

Según recoge la sentencia, la procesada deberá además indemnizar a la sociedad con 23.000 euros más los intereses legales, así como reajustar la contabilidad del ejercicio 2015 para eliminar una partida de gastos injustificada por valor de 84.000 euros.

No obstante, la Sala la absuelve del delito de apropiación indebida del que también la acusaba la Fiscalía y le aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas debido a que la causa sufrió una paralización de tres años durante la fase de instrucción.

Según recogen los hechos probados, la acusada ejerció como administradora única de la citada compañía cuyos estatutos sociales establecían expresamente que dicho cargo tenía carácter gratuito.

Sin embargo, entre febrero de 2014 y diciembre de 2016, la mujer se dio de alta como trabajadora por cuenta ajena a cargo de la empresa y percibió una remuneración de mil euros mensuales sin que existiera acuerdo social o reforma estatutaria que lo respaldara, cobrando un total de 11.000 euros en 2014 y 12.000 euros en 2015.

Asimismo, el tribunal considera acreditado que en las cuentas anuales de 2015 la condenada incluyó una partida de «otros gastos de explotación» por importe de 84.000 euros como supuesto derecho de crédito a favor de su padre por trabajos presuntamente realizados desde marzo de 2010.

La Sala subraya que dicha deuda no estaba justificada y que su inclusión provocó que la empresa arrojara unas pérdidas contables de 81.931 euros, generando una situación «artificial de insolvencia y causa de disolución«.

ACTA FALSA Y NEGATIVA DE INFORMACIÓN

Para dar apariencia de legalidad a esa contabilidad, la administradora presentó ante el Registro Mercantil un certificado fechado el 1 de julio de 2016 en el que aseguraba que las cuentas habían sido aprobadas por unanimidad en una junta general universal celebrada el 30 de junio.

Sin embargo, la resolución judicial determina que la junta real tuvo lugar tres días antes, el 27 de junio, y que en ella la otra socia propietaria del 50 por ciento restante del capital se «opuso expresamente» a las cuentas por «falta de datos», por lo que la procesada simuló la asistencia y el voto favorable de su socia en un documento mercantil.

Del mismo modo, la sentencia recoge que en septiembre de 2018 la socia perjudicada solicitó formalmente en junta general diversa documentación justificativa sobre los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como explicaciones sobre la salida de inmovilizado material y la gestión de la firma.

Ante ello, la administradora guardó silencio durante casi tres años y no facilitó la información requerida antes del inicio del procedimiento penal en 2021, «vulnerando los derechos de información y control» de la socia.

Por todo ello, la Audiencia Provincial le impone un año y tres meses de prisión y ocho meses de multa por el delito de administración desleal; ocho meses de prisión y otros ocho meses de multa por falsedad en documento mercantil; y una tercera multa de ocho meses por el delito societario, además del pago de las tres cuartas partes de las costas procesales.

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