CÁDIZ

Detenido el administrador de una empresa en El Puerto por una presunta estafa de casi 87.000 euros

Hasta el momento se han identificado a ocho personas perjudicadas, cuyas denuncias fueron presentadas entre septiembre y octubre de 2026


La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en El Puerto de Santa María al administrador de una empresa dedicada a la instalación de cerramientos de cristal como presunto autor de un delito continuado de estafa, con un perjuicio económico de casi 87.000 euros.

Hasta el momento se han identificado a ocho personas perjudicadas, cuyas denuncias fueron presentadas entre septiembre y octubre de 2026, como ha explicado la Policía en una nota.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una clienta que había contratado los servicios de dicha empresa y que, tras abonar un anticipo superior a los 10.000 euros para realizar diversos trabajos en su vivienda, nunca llegó a recibir los servicios contratados.

A raíz de esta primera denuncia, los investigadores tuvieron conocimiento de otros posibles afectados que aseguraban encontrarse en una situación similar.

Las gestiones policiales permitieron localizar nuevas denuncias y comprobar que los hechos presentaban un patrón de actuación coincidente. Así, el presunto responsable captaba a sus clientes mediante la publicidad de servicios de instalación de pérgolas bioclimáticas, cerramientos y cortinas de cristal.

Una vez establecido el primer contacto comercial, realizaba visitas a los domicilios para tomar medidas y elaborar presupuestos, condicionando la formalización de los encargos al abono anticipado de aproximadamente el 50% del importe total.

En algunos casos, los afectados manifestaron que se les habría presionado para realizar los pagos con rapidez, alegando posibles incrementos en el precio de los materiales. Sin embargo, una vez recibidas las cantidades acordadas, los trabajos no llegaban a ejecutarse en los plazos comprometidos.

Posteriormente, los clientes encontraban dificultades para contactar con el responsable de la empresa, llegando incluso a dejar de recibir respuesta a sus reclamaciones.

El perjuicio económico documentado asciende a 86.966,71 euros, correspondiente a las cantidades entregadas por los afectados para la realización de unos trabajos que nunca llegaron a materializarse.

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