La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que continúa en funcionamiento tras la disolución de las Cortes, se reúne este miércoles para debatir y votar siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante el último mes. Entre las medidas figuran ayudas para Ceuta, actuaciones frente a los daños ocasionados por la dana y disposiciones destinadas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a reforzar la seguridad del transporte por tren.
Los decretos ley, reservados legalmente para situaciones de urgente necesidad, entran en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben someterse a la convalidación del Congreso en un plazo de 30 días. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, corresponde a la Diputación Permanente asumir esa votación, en la que el equilibrio de fuerzas vuelve a situar al PNV en una posición decisiva.
El pasado jueves se votaron los dos decretos relativos a políticas de vivienda, y uno de ellos salió adelante gracias al apoyo del PNV, mientras que el otro acabó derogado al sumar los nacionalistas vascos sus votos a los de PP, Vox y Junts.
Ceuta, Dana, Urda
Según el orden del día de la Diputación, este miércoles se debatirán hasta siete decretos ley, empezando por el de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis.
También se votará el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería.
Igualmente, figuran los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.
El primero establece ayudas por fallecimiento y lesiones que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros, además de medidas de protección de los consumidores, como la limitación de los precios abusivos que se produce situaciones de emergencia por parte de algunos operadores de transportes.
El segundo modifica la regulación sobre los tiempos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinadas categorías ferroviarias y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal y como explicó el ya exministro de Transportes Óscar Puente en la Diputación Permanente de la semana pasada.
Pero además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.
Uno de ellos amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. También modifica las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.
Otro decreto contempla medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, como las familias con dos o más hijos, con un hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Por último, se debatirá un decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.




