LEY DEL ABORTO

Sanidad envía un requerimiento a Andalucía y Baleares para que creen el registro de objetores al aborto

En septiembre el Gobierno solicitó la intervención de la Abogacía del Estado en la Comunidad de Madrid para la creación de este registro obligatorio desde 2023


El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento a Andalucía y Baleares para que pongan en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como establece la ley del aborto de 2023. «El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

En dos cartas dirigidas a las consejerías de Sanidad de Andalucía y Baleares, a las que ha tenido acceso Europa Press, García recuerda que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó por unanimidad en 2024 el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, establecido en la ley del aborto de 2023.

En el escrito, la ministra de Sanidad señala que la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha realizado un seguimiento de la implantación del registro de objetores y ha constatado que ni Andalucía ni Baleares lo han desarrollado.

En el caso de Andalucía, el último informe de seguimiento, fechado en septiembre de 2026, recoge que el proyecto de decreto fue sometido a audiencia pública en marzo de 2025, sin que hasta la fecha haya culminado su tramitación. Por su parte, en Baleares, el proyecto de decreto fue sometido a audiencia e información pública en febrero de 2026 y desde entonces continúa en tramitación, sin que se hayan registrado nuevos avances. «Dado lo expuesto anteriormente, le envío el presente requerimiento para que se proceda a su creación, finalizando la tramitación actualmente en curso», añade García en ambas misivas.

Por su parte, en el caso de Madrid, el Ministerio de Sanidad solicitó el pasado septiembre la intervención de la Abogacía del Estado para que la región crease el registro de objetores de conciencia al aborto, cuya tramitación permanecía paralizada pese a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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